ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL

Resumen del Tema 17 de Geografía para Selectividad referente a la diversidad regional de España, por Carlos Javier Garrido García.

Mapa de las comunidades autónomas españolas. Fuente: Wikipedia.

INTRODUCCIÓN

España es un país con un medio físico muy contrastado, lo que ha determinado que presente una gran diversidad regional. Esta diversidad ha condicionado mucho su evolución histórica, que ha basculado tradicionalmente entre las tendencias unificadoras y disgregadoras en lo que a la organización político-territorial se refiere.
En este tema vamos a analizar la evolución histórica de esta organización y sus características actuales en el Estado Autonómico. Por otra parte, las diversidad del medio físico y la evolución histórica han determinado unos grandes contrastes y desequilibrios territoriales en el aspecto socioeconómico, frente a lo cual se han establecido políticas regionales y de cohesión por parte de las autoridades autonómicas, estatales y europeas, aspectos todos ellos que serán también analizados en el tema.

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE ESPAÑA

Antes de describir la evolución histórica de la organización político-administrativa de España debemos tener clara la distinción entre tres tipos de Estados dentro de los sistemas políticos contemporáneos: unitario y centralista, en el que la soberanía u origen del poder reside en el conjunto de los habitantes del Estado y este es gobernado desde su capital por un Gobierno Central; el autonómico, en el que existiendo los dos elementos anteriores se contempla la concesión de autonomía político-administrativa a cargo de instituciones propias; y el federal, en el que el Estado se compone de estados en los que reside la soberanía y cuentan con una organización política-administrativa propia y que con un carácter voluntario ceden parte de su soberanía y competencias a un Estado Federal común.

Orígenes en la Prehistoria y la Edad Antigua

Desde los primeros asentamientos humanos hasta la conquista romana lo que predomina en la Península es la diversidad de pueblos con una organización que fue pasando de tribal a ciudades-estado. A partir del año 1.000 antes de Cristo (a.C.) se producen dos hechos paralelos: las invasiones de pueblos celtas en el noroeste peninsular y las colonizaciones fenicias, griegas y cartaginenses en el levante y sur peninsular. Como consecuencia de ello se originaron tres grandes conjuntos de pueblos organizados en ciudades-estado o tribus: íberos en las zonas más en contacto con los colonizadores, celtas en el noroeste y celtíberos en la zona de transición entre los dos anteriores.
La conquista romana a partir del 218 a. C. supuso la primera unificación político-administrativa de la Península, aunque en este caso dependiente del exterior. La caída del imperio romano a principios del siglo V a manos de las invasiones bárbaras supuso el establecimiento del reino visigodo con capital en Toledo, en este caso constituyendo la primera unificación política autónoma de los territorios peninsulares.

El asentamiento de la diversidad: la Edad Media

La invasión musulmana en el 711 provocó la pérdida de la unidad política y religiosa de la Península, dividida a partir de entonces en la zona musulmana o Al-Andalus y los núcleos de resistencia cristiana que se establecieron en el norte desde Galicia a los Pirineos. Ambas zonas conocieron una evolución distinta y entablaron entre ambas una constante disputa en el llamado proceso de «Reconquista».
En cuanto a la evolución de Al-Andalus, sufrió unas constantes tensiones entre las tendencias unificadoras, favorecidas por las necesidades defensivas ante los reinos cristianos y por la religión, y las disgregadoras, favorecidas por la diversidad física del territorio y las tensiones tribales y étnicas. Así, al establecimiento del Emirato dependiente tras la conquista, del Emirato independiente en el 756 y del Califato en el 929, le sucedió la disgregación en numerosos reinos de Taifas, sólo unificados temporalmente por las invasiones norteafricanas de Almorávides y Almohades. Esta disgregación fue uno de los elementos clave para entender el constante avance cristiano hacia el sur.
Por lo que se refie a los reinos cristianos del norte, el medio físico montañoso y el predominio de una economía agraria de subsistencia provocaron el establecimiento de una gran diversidad lingüística y política. Así, el latín fue derivando en las lenguas romances (gallego, asturiano o bable, castellano, aragonés y catalán), a las que se añadía la pervivencia del euskera, y se fueron estableciendo el reino Astur-Leones, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes. Debido al contacto con la Europa cristiana, al desarrollo socioeconómico, a las necesidades defensivas frente a los musulmanes y a las políticas de enlaces matrimoniales entre las distintas dinastías, se dio una tendencia unificadora que terminó dando lugar al reino de Castilla-León, el de Navarra y la Corona de Aragón, funcionando esta última como un estado federal compuesto por los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y los condados catalanes. Estos reinos, y especialmente Castilla y Aragón, fueron impulsando el proceso de «Reconquista», lo que hizo que a mediados del siglo XIII tan sólo perviviera el reino de Granada como estado musulmán.

Tendencias unificadoras en la Edad Moderna

El enlace matrimonial entre los Reyes Católicos posibilitó la unión dinástica entre Castilla y Aragón entre 1476 y 1479 dando origen a la Monarquía Hispánica, un estado federal compuesto por reinos que conservaban sus fueros (leyes e instituciones propias) y que tenían en común a los mismos monarcas, de ahí que se hable de sentido patrimonial de la monarquía (distintos reinos propiedad de un rey). Esto supuso consolidar la disgregación establecida en la Edad Media, pero surgiendo una potente tendencia unificadora, favorecida por la política imperial de los Austrias y el establecimiento de la corte real en Madrid en el siglo XVI. Sin embargo, los intentos de unidad político administrativa de la Monarquía siguiendo el modelo castellano, como el intentado por el conde-duque de Olivares en el reinado de Felipe IV, acabaron fracasando ante la defensa de sus fueros por cada reino.
Fue finalmente la Guerra de Sucesión (1700-1713) y el consiguiente establecimiento de la dinastía borbónica con Felipe V, la que permitió el establecimiento de un estado unificado y centralista basado en las leyes castellanas con los Decretos de Nueva Planta, con la única excepción de las provincias vascas y Navarra que siguieron conservando sus fueros. Este centralismo no generó conflictividad a lo largo del siglo XVIII ya que las élites de la antigua Corona de Aragón se vieron beneficiadas por su acceso a los puestos de la administración del nuevo estado y a los mercados americanos, hasta entonces monopolio castellano, y además no se estableció un discurso nacionalista español que generara tensiones.

La alternativa entre centralismo y federalismo en la Edad Contemporánea

La Guerra de Independencia (1808-1814) ante la invasión francesa supuso un reforzamiento de las tendencias unificadoras debido al surgimiento de un discurso nacionalista español y al inicio de la revolución liberal, defensora de principios como la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos del Estado.
La pérdida de las colonias continentales americanas, definitiva en 1824, y el establecimiento de un Estado Liberal tras la muerte de Fernando VII en 1833 provocaron el nacimiento del nacionalismo periférico, cuya primera manifestación fue el carlismo, defensor del absolutismo y de los fueros territoriales frente al centralismo liberal. En cualquier caso, la derrota definitiva del carlismo en 1876 significó la supresión de los fueros vasco-navarros, pero no el fin de las tensiones territoriales, ya que a lo largo del siglo XIX surgen los movimientos nacionalistas periféricos, principalmente el catalán y el vasco, y el republicanismo federal, ambos potenciados por el fracaso de la industrialización y por el carácter conservador del Estado Liberal establecido.
La crisis del régimen de la Restauración, provocó una polarización de las posturas políticas, con un centralismo español cada vez más conservador, que está en la base de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), y unas posturas nacionalistas periféricas y federales cada vez más escoradas a la izquierda y al independentismo.
Esta tensión territorial intentó ser solventada por la II República (1931-1936) a través del establecimiento del llamado «Estado Integral», que intentaba hacer compatible la existencia de un estado unitario con el reconocimiento de la autonomía de las regiones que así lo desearan, como fue el caso de Cataluña en 1932. Sin embargo, la polarización política y social provocó finalmente el estallido de la Guerra Civil (1936-1939) y el establecimiento de la Dictadura de Franco (1939-1975), un régimen unitario y centralista y que tuvo entre sus principios ideológicos un nacionalismo español radical.
Tras la muerte de Franco en 1975 se inició el proceso de Transición a la democracia, en la que el problema territorial fue uno de los fundamentales. Así, los antiguos franquistas defendían un estado unitario y centralista y la oposición de izquierdas y nacionalista periférica apostaba por una república federal. Finalmente, en la Constitución de 1978 se estableció el término medio del Estado Autonómico, que luego analizaremos, aunque con el problema de posturas nacionalistas periféricas radicales, especialmente en el país vasco con la banda terrorista ETA. Sin embargo, el problema más grave ha estallado en Cataluña con el actual proceso independentista como consecuencia de las tensiones sociales y políticas asociadas a la crisis iniciada en 2008.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y REGIONES

La Constitución de 1978 estableció el Estado Autonómico: unitario pero con derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que así lo desearan, completándose la organización territorial con las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos.
Entre 1979 y 1983 se constituyeron un total de 17 comunidades autónomas, a las que se unieron como ciudades autónomas Ceuta y Melilla en 1995.
Cada comunidad autónoma tiene un Estatuto, aprobado en referéndum por su población y por las Cortes Españolas, y sus propias instituciones (Parlamento, Gobierno regional y Tribunal Superior de Justicia), contando con las competencias que le han ido siendo transferidas por el Estado Central.

DESEQUILIBRIOS REGIONALES

Las distintas comunidades autónomas presentan unas características socioeconómicas muy contrastadas y desequilibradas. El primer gran contraste es el existente entre el interior peninsular y la periferia, concentrándose en esta última la población y las actividades económicas más dinámicas. Por el contrario, el interior peninsular se ha visto muy afectado del desde el siglo XIX, y de manera acusada desde el «Desarrollismo» de los años 1960 por el éxodo rural, el envejecimiento de la población y el estancamiento socioeconómico.
Junto con los desequilibrios interior-periferia, hay que destacar también el existente entre el norte y el sur de la Península, contando el primero con un mayor Producto Interior Bruto per cápita y una mayor tasa de actividad.
Ambos desequilibrios, interior-periferia y norte-sur, tienen sus excepciones. Así, en el interior peninsular las zonas del área metropolitana de Madrid y del Eje del Ebro cuentan con una economía pujante y una población joven, al ser un foco de atracción para la población en edad laboral, debido, en el primer caso, a su capitalidad y a ser el centro de las redes de transporte y comunicaciones, y en el segundo debido a sus favorables características físicas que favorecen las comunicaciones y las actividades agrarias. Por otro lado, en la periferia Galicia y el litoral Cantábrico (con la excepción del País Vasco, integrado en el Eje del Ebro) están estancados y presentan una población envejecida, debido a que estas zonas se vieron muy afectadas por la reconversión industrial iniciada en los años 1980.

POLÍTICAS REGIONALES Y DE COHESIÓN

Para intentar mitigar los desequilibrios que acabamos de ver se han potenciado políticas regionales y de cohesión, tanto por parte de las autoridades españolas como europeas.
En el caso de España, el establecimiento del Estado de las Autonomías entre 1979 y 1983 hizo que cada ente autónomo pusiera en marcha medidas de fomento socioeconómico, atenuando los desequilibrios. Muchas de estas medidas complementaban o ponían vigor medidas de la Unión Europea. Esta aplica medidas de cohesión territorial a través de los denominados fondos estructurales (FSE, FEOGAS), el Fondo de Cohesión establecido por el Tratado de Maastricht de 1992, Fondos de Compensación Interterritorial e Incentivos Regionales. En cualquier caso, estas políticas han mitigado, pero no eliminado, los desequilibrios existentes.

CONCLUSIONES

Como hemos visto a lo largo del tema, España es un país que tradicionalmente se ha visto afectado en el terreno político por las tensiones entre tendencias integradoras y disgregadoras, a la vez que en el terreno socioeconómico predominan los desequilibrios socioeconómicos. Ambos elementos, tensiones políticas y territoriales y desequilibrios socioeconómicos, están en la base de la actual puesta en cuestión del Estado Autonómico por procesos como el soberanista catalán.

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