Resumen del Tema 15 de Historia de España para Selectividad (Andalucía) referente a la Transición y a la Constitución de 1978, por Carlos Javier Garrido García.
INTRODUCCIÓN
El mayor éxito del régimen franquista, el desarrollismo económico de la década de los 60, supuso también la principal causa de su caída, ya que perdió sus principales bases sociales. Así, optarán por la democracia las nuevas clases medias deseosas de libertad y las clases altas interesadas en el ingreso del país en la CEE. Aunque a la muerte de Franco en 1975 sube al trono el rey Juan Carlos I, que se suponía que debía garantizar la perpetuación del régimen, el camino hacia la democracia es asumido con un gran consenso por casi todos los partidos políticos, que deberán hacer frente en todo caso a la fuerte conflictividad social y al efecto distorsionador que desde el principio supone el terrorismo. Pese a las dificultades de la crisis económica y de las heridas no cerradas de la Guerra Civil, la democracia sienta sus bases con la Constitución de 1978 y se consolida definitivamente, tras el intento de golpe de Estado de 1981, cuando en 1982 alcanza el poder uno de los partidos perdedores de la Guerra Civil: el PSOE de Felipe González.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La Transición española forma parte del avance democrático en la Europa mediterránea, ya que entre 1974 y 1975 cayeron los regímenes dictatoriales de Portugal y Grecia.
Ausencia de conflictividad política por la larga extensión de la Dictadura, la decidida voluntad del rey Juan Carlos I y las ansias de libertad de la sociedad española, que había conocido desde 1960 de un desarrollo espectacular.
La Transición fue un programa de reformas desde arriba y desde la legalidad, por lo que no supuso una ruptura sino más bien una reforma basada en el consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas.
EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA TRANSICIÓN
El gobierno de Carlos Arias Navarro (1975-1976)
Tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, dos días después las Cortes proclaman rey de España a Juan Carlos I.
Las diferentes opciones políticas acogieron el cambio presentando tres alternativas diferentes: continuismo-inmovilismo (mantener el régimen sin Franco), reformismo-aperturismo (reformar el régimen desde sus propias instituciones, liberalizándolo para responder a la nueva situación social y llegando, o no, al establecimiento de la democracia) y rupturismo (la oposición antifranquista se inclinaba por romper totalmente con el pasado dictatorial y construir un nuevo sistema democrático).
Debido a la fuerza de los sectores inmovilistas del régimen, el rey debe nombrar presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro. Éste opta por una política reformista muy tibia, compensada por el reformismo más profundo defendido por Torcuato Fernández Miranda, que es nombrado presidente de las Cortes, convirtiéndose en la mano derecha del rey durante el proceso de Transición.
Carlos Arias Navarro forma un gobierno en el que se produce un equilibrio entre la ortodoxia franquista y los reformistas o aperturistas. Su programa (“Espíritu del 12 de Febrero”) se limita a otorgar algunas libertades pero sin permitir el pluralismo político, por lo que queda clara su voluntad continuista.
Ante la ausencia de reformas, la oposición se une en la llamada Platajunta, producto de la unificación de la Junta Democrática organizada por el PCE y de la Plataforma de Convergencia Democrática organizada por el PSOE.
Aumenta la conflictividad social y política con manifestaciones, huelgas y campañas a favor de las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. A estos problemas se unen los sucesos de Montejurra (enfrentamientos internos entre los tradicionalistas inmovilistas y reformistas) y los atentados de ETA.
Falto de apoyos y forzado por el rey, el presidente Carlos Arias Navarro dimite el 1 de julio de 1976.
El primer gobierno de Adolfo Suárez (1976-1979)
El rey elige para suceder a Arias al joven político Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Movimiento Nacional, que opta por las reformas de manera clara. Su objetivo, apoyado por el monarca, era conseguir una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes y de las instituciones franquistas, para lo cual necesitaba anular la resistencia de los inmovilistas y atraerse a la oposición rupturista hacia posiciones reformistas.
Tras conceder una amplia amnistía y mantener contactos con la oposición democrática, en noviembre de 1976 consigue que las antiguas Cortes franquistas aprueben la Ley para la Reforma Política (Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal, legalización de partidos políticos y sindicatos obreros), que es ratificada por referéndum.
En abril de 1977 es legalizado el PCE y el 15 de junio de 1977 se llevan a cabo las primeras elecciones generales democráticas, que se saldan con la victoria por mayoría simple de la centrista Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, seguida de cerca por el PSOE, mientras que tanto la derecha (Alianza Popular, AP), como la extrema izquierda (PCE) quedan muy por detrás. El electorado había optado por la moderación.
El nuevo gobierno dirigido por Suárez se enfrentó a tres tareas principales mediante una política de consenso: la crisis económica de 1973 mediante los Pactos de la Moncloa de 25 de octubre de 1977 (reforma fiscal, moderación salarial y medidas contra el paro), la aprobación de la constitución del nuevo régimen político (Constitución aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978) y la solución del problema regional a través de la progresiva construcción del Estado Autonómico (Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco de diciembre de 1979).
Aparte de la crisis económica de 1973, los principales problemas fueron las amenazas involucionistas de la extrema derecha (atentados terroristas e intento de golpe de Estado en 1978: “Operación Galaxia”) y el terrorismo de los grupos de extrema izquierda (GRAPO, FRAP y, sobre todo ETA, que perpetra casi 100 asesinatos en 1980).
La Constitución de 1978
La Constitución se basa en el consenso: fue elaborada por una Ponencia integrada por miembros de los principales partidos políticos, con la excepción del PNV: Manuel Fraga (AP), Miquel Roca (Minoría Catalana), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé-Tura (PCE), Gabriel Cisneros, Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero de Miñón (UCD).
Características generales: tiene un carácter progresista en cuanto a sus principios y su imprecisión y ambigüedad será una de las causas de su éxito, al poder ser asumida por la mayor parte de los ciudadanos y opciones políticas.
Derechos constitucionales: España se define como un Estado Social y Democrático de Derecho en el que se respetarían y ampararían desde el Estado los siguientes derechos: al reconocimiento de una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas, a una justa distribución de la riqueza, a participar libremente en la vida política, al pluralismo político, a la libertad de mercado y a la libertad religiosa (estado aconfesional).
Sistema político: monarquía parlamentaria en la que la Corona tiene funciones representativas, las Cortes actúan como representante de la soberanía nacional por lo que ostenta el poder legislativo, y nombra al presidente de gobierno (poder ejecutivo) y a las máximas instancias judiciales (poder judicial). Las Cortes serían bicamerales (Congreso de los Diputados como cámara de representación popular y Senado como cámara de representación territorial), se establece la independencia del poder judicial, cuya máxima instancia sería el Tribunal Constitucional, y una organización descentralizada del Estado (municipios, provincias y derecho a la autonomía de las regiones que así lo deseen).
CONCLUSIONES
Pese a todas las dificultades (crisis económica internacional, terrorismo, conflictividad social, intentos de involucionismo), durante la Transición política se establece en España un régimen democrático que se fue consolidando gracias a la nueva estructura social del país (predominio de la clase media) y al consenso alcanzado por las principales fuerzas políticas, reflejado en la Constitución de 1978. Esto último explica que ésta continúe estando vigente en la actualidad sin apenas reformas de importancia y que, en general, siga siendo considerada como un punto de encuentro de la mayor parte de las opciones políticas. Se consolida así un periodo de normalización política, crecimiento económico y modernización social, aunque con el problema actual de la crisis económica.
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