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Desamortizaciones: explicación y tabla comparativa para su preparación para Selectividad, por Carlos Javier Garrido García.

Uno de los temas recurrentes en las preguntas cortas de Selectividad, y a la vez uno de los temas de exposición que entran en la misma, es el de las Desamortizaciones. Además, las desamortizaciones y sus consecuencias son básicas para entender el fracaso del proceso de industrialización en España y, por tanto, explican en gran medida la fuerte conflictividad política y social que sufre el país a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX.

La amortización

Durante el Antiguo Régimen la mayor parte de las tierras estaban amortizadas, es decir, pertenecían y estaban vinculadas a instituciones de la nobleza (como títulos y mayorazgos), de la Iglesia (como órdenes religiosas, catedrales e iglesias y patronatos) y de los Ayuntamientos (bienes de propios, destinados a sufragar sus gastos, y bienes comunales, de libre aprovechamiento por sus vecinos). Esas propiedades vinculadas no podían ser vendidas, lo que funcionaba como un mecanismo para que los estamentos privilegiados aumentaran siempre su poder económico, nunca disminuirlo.

Aparte de esta consecuencia, estos propietarios actuaban como rentistas, predominando la explotación indirecta de sus propiedades a través de arrendamientos y censos. Esto provocaba una ausencia casi total de inversiones: Los propietarios tenían una mentalidad contraria al cambio y la innovación y sus amplias propiedades les hacían ser simplemente rentistas; Los arrendatarios y censatarios, al no tener la propiedad de la tierra, procuraban conseguir lo máximo de su explotación con la mínima inversión. Como consecuencia de ello, y de los deficientes transportes, la productividad era muy baja y predominaba una agricultura de subsistencia.

Concepto de desamortización

La desamortización es el proceso por el cual se da fin a la amortización de la tierra y otros bienes inmuebles, convirtiéndolos en plena propiedad privada e introduciéndolos, por tanto, en el mercado. Incluye dos procesos:

• Por un lado, la desvinculación o fin de la vinculación, es decir, los bienes pasan a ser propiedad privada de los titulares de las instituciones nobiliarias y de la Iglesia, que ya sí pueden venderlos 
• Por otro lado, la expropiación, por la que el Estado se queda con las propiedades desvinculadas a la Iglesia y a los Ayuntamientos (no a la nobleza, como veremos) para posteriormente venderlos y quedarse con el producto de esa venta.

Los precedentes de las desamortizaciones isabelinas

Aunque el desarrollo de las desamortizaciones se lleva a cabo fundamentalmente durante el reinado de Isabel II, que es cuando se establece el Estado Liberal, el proceso cuenta con precedentes anteriores:

• Desamortización de Godoy (1798): para solventar los problemas hacendísticos del Estado, el primer ministro Manuel Godoy decretó la expropiación de los bienes de los patronatos eclesiásticos (capellanías, obras pías, hospitales, hospicios), es decir, de instituciones eclesiásticas que eran creadas por los fieles en sus testamentos y cuyas funciones de culto o asistencia social eran financiadas con los bienes vinculados a ellas. Los bienes expropiados fueron vendidos en pública subasta como mecanismo para conseguir la máxima recaudación. Esta medida, aún ajena a los principios liberales, tiene su origen en el Despotismo Ilustrado y sus tesis regalistas (predominio del poder real sobre el eclesiástico) y en la crisis que sufre la monarquía a finales del siglo XVIII.
• Cortes de Cádiz (1810-1814): supusieron el inicio de la revolución liberal, pero en un contexto determinado por la invasión francesa. En este contexto, las cortes decretaron la supresión de las órdenes religiosas (clero regular) y la venta de sus propiedades en pública subasta. Sin embargo, el proceso de desamortización ahora iniciado contó con varios condicionantes: en primer lugar, sus decretos sólo entraron en vigor en las zonas no ocupadas por los franceses, a efectos prácticos sólo la ciudad de Cádiz; en segundo lugar, la labor revolucionaria de las Cortes fue fruto del consenso entre liberales y absolutistas moderados, por lo que el proceso no afectó a los bienes de la nobleza; y en tercer lugar, el retorno al absolutismo en 1814 supuso la anulación de las medidas tomadas. Estas volvieron a entrar en vigor durante el Trienio Liberal (1820-1823), pero el nuevo retorno al absolutismo en 1823 hizo que fueran de nuevo anuladas.

Características generales del proceso de desamortización 

Por tanto, las desamortizaciones se llevaron a cabo sólo cuando el Estado Liberal quedó plenamente constituido, durante el reinado de Isabel II. Este proceso fue impulsado por el Partido Progresista, cuya base social eran las clases medias y tenían una ideología favorable a limitar los privilegios de la Iglesia. Por su parte, el Partido Moderado, con una base social en las clases altas y con una ideología favorable a la confesionalidad católica del Estado, tendió a frenar el proceso desamortizador.

Las desamortizaciones tenían como objetivo, aparte de acabar con la amortización, favorecer a la base social liberal, la burguesía, en detrimento de los estamentos privilegiados. Sin embargo, el régimen liberal español fue, desde el principio, fruto del consenso con parte de los absolutistas. Si a ello le unimos el contexto bélico de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y la consiguiente necesidad de ampliar los apoyos al bando isabelino dada la debilidad de la burguesía en nuestro país, se entiende porqué las desamortizaciones respetaron los bienes de la nobleza (sólo desvinculados, no expropiados) y se centraron en los bienes eclesiásticos y municipales (sí expropiados).

Aparte de los intereses burgueses y el contexto bélico, la situación de déficit del Estado desde la pérdida de las colonias continentales americanas (definitiva en 1824), hizo que el otro gran objetivo de la desamortización fuera recaudar lo máximo posible para reducir ese déficit. Todo ello determinó que los bienes expropiados fueran vendidos en pública subasta al mejor postor, provocando una nueva concentración de la propiedad de la tierra, ahora en manos de la alta nobleza, que refuerza su poder, y de la burguesía, que se convierte en buena medida en rentista. No se consigue así el otro gran objetivo teórico de la desamortización: crear una potente clase media agraria que, realizando una explotación directa de sus propiedades, posibilitara el desarrollo de la agricultura y de la economía en general.

Los objetivos de la desamortización se resumen en el preámbulo de la Desamortización de Mendizábal (real decreto de 19/2/1836), en la que se indica: «Atendiendo a la necesidad de disminuir la deuda pública y de entregar al interés nacional la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado…». Como se puede preciar, este real decreto pone en venta los bienes expropiados al clero regular y de los dos teóricos objetivos, disminución de la deuda y desarrollo económico, se priorizó el primero, de ahí el método de venta empleado: la pública subasta. 

Desarrollo del proceso de desamortización

Para explicar este proceso nos apoyaremos en la gráfica que, siguiendo los modelos anteriores, salió numerosas veces en selectividad. En ella se indica la cantidad de dinero (en millones de reales de vellón) recaudada por el Estado en la venta de bienes desamortizados, distinguiendo entre bienes eclesiásticos (clero regular y secular) y civiles (bienes del Estado y de los Ayuntamientos).

 

El primer decreto desamortizador se lleva a cabo en 1836, durante la regencia de María Cristina, y fue impulsado por el ministro Mendizábal, que le dio nombre. En este decreto se desvincularon los bienes de la nobleza y clero, que pasaron a ser propiedad privada de los nobles y de la Iglesia. En este último caso, se decretó la expropiación de los bienes del clero regular, que fueron vendidos en pública subasta.

A este decreto se sumó, durante la regencia de Espartero, un nuevo decreto desamortizador en 1841, que decretó la expropiación y venta en pública subasta de los bienes del clero secular y que tomó el nombre del regente.

Como podemos ver en la gráfica, entre 1836 y 1844, la mayor parte de los bienes vendidos son eclesiásticos, ya que la expropiación afectó al clero, tanto regular como secular, y hay unos pocos civiles, ya que se vendieron algunos bienes propiedad del Estado. La cantidad de bienes fue muy elevada, ya que el decreto se puso en marcha durante un largo periodo de dominio progresista, que abarcó entre 1836-1838 y 1840-1843.

El acceso al poder de los Moderados, con el general Narváez a la cabeza, en 1843, coincidente con la mayoría de edad de Isabel II, supuso un freno al proceso desamortizador, como podemos apreciar en la gráfica, ya que las ventas entre 1845 y 1854 fueron mínimas. En cualquier caso, las ventas se siguen produciendo. La explicación para ello está en un cambio de actitud frente a la desamortización del Partido Moderado. Como ya se ha indicado, su base social eran las clases altas, entre ellas la alta nobleza y la alta burguesía. Dado el sistema de venta en pública subasta de los bienes desamortizados, ambos grupos sociales se vieron muy favorecidos. Sin embargo, la otra gran base social de los moderados era la Iglesia Católica, lo que explicaba la oposición del partido a la desamortización. Este problema, en todo caso, quedó solventado en 1851 con el Concordato con el Vaticano, por el cual la Iglesia Católica aceptaba la desamortización de sus bienes a cambio de conseguir la confesionalidad católica del Estado, la financiación estatal de sus gastos y el control de la enseñanza.

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), el nuevo acceso de los progresista al poder provocó un nuevo decreto desamortizador, la Desamortización de Madoz o Ley de Desamortización General de 1855. Este último nombre indica la amplitud de los bienes a los que afectó: además de decretar la expropiación y venta de los bienes que aún le quedaran al clero regular y secular, el decreto afectó a los bienes de los Ayuntamientos. Como podemos ver en la gráfica, la cantidad de bienes vendidos es muy alta (si tenemos en cuenta que sólo se computan dos años, 1855-1856) y además están equilibrados los bienes eclesiásticos y civiles, ya que a ambos afectó el decreto.

El último periodo que aparece en la gráfica, 1858-1867, muestra un elevado número de ventas de bienes, tanto eclesiásticos como, sobre todo, civiles, pese al nuevo acceso de los moderados y del partido de centro Unión Liberal al poder, mostrando así la plena aceptación del proceso por parte de sus máximos beneficiarios, las clases altas y sus representantes políticos.

Consecuencias de las desamortizaciones

El método de venta empleado (la pública subasta al mayor postor) determinó que se produjera una nueva concentración de la propiedad, en manos de la alta nobleza, que vio aumentar su patrimonio, y la burguesía, que se transformó en parte en terrateniente y rentista. Por tanto, los más perjudicados fueron los antiguos arrendatarios y censualistas, que perdieron sus tierras, y los jornaleros, que no salieron beneficiados y además perdieron el aprovechamiento de los bienes comunales.

La deficiente estructura de la propiedad tuvo implicaciones sociales, económicas y políticas.

En cuanto a las consecuencias sociales, la sociedad española estuvo fuertemente polarizada, estando la mayor parte de la población en una situación de extrema necesidad, debido al predominio jornalero.

El que la mayor parte de la población estuviera en situación de mera subsistencia, provocó que la demanda interior estuviera poco desarrollada, lo que desincentivó la inversión en la industria y el comercio. A su vez, la clase destinada a impulsar el proceso de industrialización, la burguesía, pasó a convertirse en rentista y a imitar el comportamiento de los antiguos estamentos privilegiados, rechazando la inversión y la innovación. De hecho, si hubo cierto aumento de la producción agraria fue debido a la roturación de los antiguos terrenos comunales, muchos de ellos bosques y dehesas, por lo que descendió la productividad. Por tanto, no hubo en España una auténtica revolución agraria y, como consecuencia, fracasó el proceso de industrialización.

En cuanto a las consecuencias políticas, la coincidencia de intereses entre la nobleza y la burguesía, fomentada por el proceso desamortizador, imprimió con un carácter muy conservador al liberalismo español. Por otra parte, el subdesarrollo del país provocó una fuerte polarización y conflictividad social. Uniendo ambos elementos, es fácil comprender la inestabilidad política que sufre el país hasta que el Desarrollismo franquista y el posterior desarrollo socioeconómico de la España democrática generaron una nueva sociedad con predominio de una clase media que estabilizó el sistema político.

Para ver la tabla comparativa de las desamortizaciones isabelinas, pulse aquí: TABLA COMPARATIVA DESAMORTIZACIONES

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