LAS DESAMORTIZACIONES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: EXPLICACIÓN Y TABLA COMPARATIVA

Desamortizaciones: explicación y tabla comparativa para su preparación para Selectividad, por Carlos Javier Garrido García.

El general Baldomero Espartero, bajo cuya regencia se inició la desamortización de los bienes del clero secular (1841).

Uno de los temas recurrentes en las preguntas cortas de Selectividad, y a la vez uno de los temas de exposición que entran en la misma, es el de las Desamortizaciones. Además, las desamortizaciones y sus consecuencias son básicas para entender el fracaso del proceso de industrialización en España y, por tanto, explican en gran medida la fuerte conflictividad política y social que sufre el país a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX.

La amortización

Durante el Antiguo Régimen la mayor parte de las tierras estaban amortizadas, es decir, pertenecían y estaban vinculadas a instituciones de la nobleza (como títulos y mayorazgos), de la Iglesia (como órdenes religiosas, catedrales e iglesias y patronatos) y de los Ayuntamientos (bienes de propios, destinados a sufragar sus gastos, y bienes comunales, de libre aprovechamiento por sus vecinos). Esas propiedades vinculadas no podían ser vendidas, lo que funcionaba como un mecanismo para que los estamentos privilegiados aumentaran siempre su poder económico, nunca disminuirlo.

Aparte de esta consecuencia, estos propietarios actuaban como rentistas, predominando la explotación indirecta de sus propiedades a través de arrendamientos y censos. Esto provocaba una ausencia casi total de inversiones: Los propietarios tenían una mentalidad contraria al cambio y la innovación y sus amplias propiedades les hacían ser simplemente rentistas; Los arrendatarios y censatarios, al no tener la propiedad de la tierra, procuraban conseguir lo máximo de su explotación con la mínima inversión. Como consecuencia de ello, y de los deficientes transportes, la productividad era muy baja y predominaba una agricultura de subsistencia.

Concepto de desamortización

La desamortización es el proceso por el cual se da fin a la amortización de la tierra y otros bienes inmuebles, convirtiéndolos en plena propiedad privada e introduciéndolos, por tanto, en el mercado. Incluye dos procesos:

  • Por un lado, la desvinculación o fin de la vinculación, es decir, los bienes pasan a ser propiedad privada de los titulares de las instituciones nobiliarias y de la Iglesia, que ya sí pueden venderlos 
  • Por otro lado, la expropiación, por la que el Estado se queda con las propiedades desvinculadas a la Iglesia y a los Ayuntamientos (no a la nobleza, como veremos) para posteriormente venderlos y quedarse con el producto de esa venta.

Los precedentes de las desamortizaciones isabelinas

Aunque el desarrollo de las desamortizaciones se lleva a cabo fundamentalmente durante el reinado de Isabel II, que es cuando se establece el Estado Liberal, el proceso cuenta con precedentes anteriores:

  • Desamortización de Godoy (1798): para solventar los problemas hacendísticos del Estado, el primer ministro Manuel Godoy decretó la expropiación de los bienes de los patronatos eclesiásticos (capellanías, obras pías, hospitales, hospicios), es decir, de instituciones eclesiásticas que eran creadas por los fieles en sus testamentos y cuyas funciones de culto o asistencia social eran financiadas con los bienes vinculados a ellas. Los bienes expropiados fueron vendidos en pública subasta como mecanismo para conseguir la máxima recaudación. Esta medida, aún ajena a los principios liberales, tiene su origen en el Despotismo Ilustrado y sus tesis regalistas (predominio del poder real sobre el eclesiástico) y en la crisis que sufre la monarquía a finales del siglo XVIII.
  • Cortes de Cádiz (1810-1814): supusieron el inicio de la revolución liberal, pero en un contexto determinado por la invasión francesa. En este contexto, las cortes decretaron la supresión de las órdenes religiosas (clero regular) y la venta de sus propiedades en pública subasta. Sin embargo, el proceso de desamortización ahora iniciado contó con varios condicionantes: en primer lugar, sus decretos sólo entraron en vigor en las zonas no ocupadas por los franceses, a efectos prácticos sólo la ciudad de Cádiz; en segundo lugar, la labor revolucionaria de las Cortes fue fruto del consenso entre liberales y absolutistas moderados, por lo que el proceso no afectó a los bienes de la nobleza; y en tercer lugar, el retorno al absolutismo en 1814 supuso la anulación de las medidas tomadas. Estas volvieron a entrar en vigor durante el Trienio Liberal (1820-1823), pero el nuevo retorno al absolutismo en 1823 hizo que fueran de nuevo anuladas.

Características generales del proceso de desamortización 

Por tanto, las desamortizaciones se llevaron a cabo sólo cuando el Estado Liberal quedó plenamente constituido, durante el reinado de Isabel II. Este proceso fue impulsado por el Partido Progresista, cuya base social eran las clases medias y tenían una ideología favorable a limitar los privilegios de la Iglesia. Por su parte, el Partido Moderado, con una base social en las clases altas y con una ideología favorable a la confesionalidad católica del Estado, tendió a frenar el proceso desamortizador.

Las desamortizaciones tenían como objetivo, aparte de acabar con la amortización, favorecer a la base social liberal, la burguesía, en detrimento de los estamentos privilegiados. Sin embargo, el régimen liberal español fue, desde el principio, fruto del consenso con parte de los absolutistas. Si a ello le unimos el contexto bélico de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y la consiguiente necesidad de ampliar los apoyos al bando isabelino dada la debilidad de la burguesía en nuestro país, se entiende porqué las desamortizaciones respetaron los bienes de la nobleza (sólo desvinculados, no expropiados) y se centraron en los bienes eclesiásticos y municipales (sí expropiados).

Aparte de los intereses burgueses y el contexto bélico, la situación de déficit del Estado desde la pérdida de las colonias continentales americanas (definitiva en 1824), hizo que el otro gran objetivo de la desamortización fuera recaudar lo máximo posible para reducir ese déficit. Todo ello determinó que los bienes expropiados fueran vendidos en pública subasta al mejor postor, provocando una nueva concentración de la propiedad de la tierra, ahora en manos de la alta nobleza, que refuerza su poder, y de la burguesía, que se convierte en buena medida en rentista. No se consigue así el otro gran objetivo teórico de la desamortización: crear una potente clase media agraria que, realizando una explotación directa de sus propiedades, posibilitara el desarrollo de la agricultura y de la economía en general.

Los objetivos de la desamortización se resumen en el preámbulo de la Desamortización de Mendizábal (real decreto de 19/2/1836), en la que se indica: «Atendiendo a la necesidad de disminuir la deuda pública y de entregar al interés nacional la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado…». Como se puede preciar, este real decreto pone en venta los bienes expropiados al clero regular y de los dos teóricos objetivos, disminución de la deuda y desarrollo económico, se priorizó el primero, de ahí el método de venta empleado: la pública subasta. 

Desarrollo del proceso de desamortización

Para explicar este proceso nos apoyaremos en la gráfica que, siguiendo los modelos anteriores, salió numerosas veces en selectividad. En ella se indica la cantidad de dinero (en millones de reales de vellón) recaudada por el Estado en la venta de bienes desamortizados, distinguiendo entre bienes eclesiásticos (clero regular y secular) y civiles (bienes del Estado y de los Ayuntamientos).

 

Gráfica sobre el proceso de desamortización durante el reinado de Isabel II. Fuente: Distrito Único Andaluz.

El primer decreto desamortizador se lleva a cabo en 1836, durante la regencia de María Cristina, y fue impulsado por el ministro Mendizábal, que le dio nombre. En este decreto se desvincularon los bienes de la nobleza y clero, que pasaron a ser propiedad privada de los nobles y de la Iglesia. En este último caso, se decretó la expropiación de los bienes del clero regular, que fueron vendidos en pública subasta.

A este decreto se sumó, durante la regencia de Espartero, un nuevo decreto desamortizador en 1841, que decretó la expropiación y venta en pública subasta de los bienes del clero secular y que tomó el nombre del regente.

Como podemos ver en la gráfica, entre 1836 y 1844, la mayor parte de los bienes vendidos son eclesiásticos, ya que la expropiación afectó al clero, tanto regular como secular, y hay unos pocos civiles, ya que se vendieron algunos bienes propiedad del Estado. La cantidad de bienes fue muy elevada, ya que el decreto se puso en marcha durante un largo periodo de dominio progresista, que abarcó entre 1836-1838 y 1840-1843.

El acceso al poder de los Moderados, con el general Narváez a la cabeza, en 1843, coincidente con la mayoría de edad de Isabel II, supuso un freno al proceso desamortizador, como podemos apreciar en la gráfica, ya que las ventas entre 1845 y 1854 fueron mínimas. En cualquier caso, las ventas se siguen produciendo. La explicación para ello está en un cambio de actitud frente a la desamortización del Partido Moderado. Como ya se ha indicado, su base social eran las clases altas, entre ellas la alta nobleza y la alta burguesía. Dado el sistema de venta en pública subasta de los bienes desamortizados, ambos grupos sociales se vieron muy favorecidos. Sin embargo, la otra gran base social de los moderados era la Iglesia Católica, lo que explicaba la oposición del partido a la desamortización. Este problema, en todo caso, quedó solventado en 1851 con el Concordato con el Vaticano, por el cual la Iglesia Católica aceptaba la desamortización de sus bienes a cambio de conseguir la confesionalidad católica del Estado, la financiación estatal de sus gastos y el control de la enseñanza.

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), el nuevo acceso de los progresista al poder provocó un nuevo decreto desamortizador, la Desamortización de Madoz o Ley de Desamortización General de 1855. Este último nombre indica la amplitud de los bienes a los que afectó: además de decretar la expropiación y venta de los bienes que aún le quedaran al clero regular y secular, el decreto afectó a los bienes de los Ayuntamientos. Como podemos ver en la gráfica, la cantidad de bienes vendidos es muy alta (si tenemos en cuenta que sólo se computan dos años, 1855-1856) y además están equilibrados los bienes eclesiásticos y civiles, ya que a ambos afectó el decreto.

El último periodo que aparece en la gráfica, 1858-1867, muestra un elevado número de ventas de bienes, tanto eclesiásticos como, sobre todo, civiles, pese al nuevo acceso de los moderados y del partido de centro Unión Liberal al poder, mostrando así la plena aceptación del proceso por parte de sus máximos beneficiarios, las clases altas y sus representantes políticos.

Consecuencias de las desamortizaciones

El método de venta empleado (la pública subasta al mayor postor) determinó que se produjera una nueva concentración de la propiedad, en manos de la alta nobleza, que vio aumentar su patrimonio, y la burguesía, que se transformó en parte en terrateniente y rentista. Por tanto, los más perjudicados fueron los antiguos arrendatarios y censualistas, que perdieron sus tierras, y los jornaleros, que no salieron beneficiados y además perdieron el aprovechamiento de los bienes comunales.

La deficiente estructura de la propiedad tuvo implicaciones sociales, económicas y políticas.

En cuanto a las consecuencias sociales, la sociedad española estuvo fuertemente polarizada, estando la mayor parte de la población en una situación de extrema necesidad, debido al predominio jornalero.

El que la mayor parte de la población estuviera en situación de mera subsistencia, provocó que la demanda interior estuviera poco desarrollada, lo que desincentivó la inversión en la industria y el comercio. A su vez, la clase destinada a impulsar el proceso de industrialización, la burguesía, pasó a convertirse en rentista y a imitar el comportamiento de los antiguos estamentos privilegiados, rechazando la inversión y la innovación. De hecho, si hubo cierto aumento de la producción agraria fue debido a la roturación de los antiguos terrenos comunales, muchos de ellos bosques y dehesas, por lo que descendió la productividad. Por tanto, no hubo en España una auténtica revolución agraria y, como consecuencia, fracasó el proceso de industrialización.

En cuanto a las consecuencias políticas, la coincidencia de intereses entre la nobleza y la burguesía, fomentada por el proceso desamortizador, imprimió con un carácter muy conservador al liberalismo español. Por otra parte, el subdesarrollo del país provocó una fuerte polarización y conflictividad social. Uniendo ambos elementos, es fácil comprender la inestabilidad política que sufre el país hasta que el Desarrollismo franquista y el posterior desarrollo socioeconómico de la España democrática generaron una nueva sociedad con predominio de una clase media que estabilizó el sistema político.

Para ver la tabla comparativa de las desamortizaciones isabelinas, pulse aquí: TABLA COMPARATIVA DESAMORTIZACIONES

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PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS

Resumen del Tema 7 de Selectividad (Andalucía) referente al proceso de desamortización y a sus consecuencias, por Carlos Javier Garrido García.

El general Baldomero Espartero, bajo cuya regencia se inició la desamortización de los bienes del clero secular (1841).

INTRODUCCIÓN

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se produce en Gran Bretaña el proceso de Revolución Industrial, que se extiende al resto de Europa, EEUU y Japón a lo largo del siglo XIX en el llamado proceso de Industrialización.

Una de las causas de la Revolución Industrial y de la Industrialización fue la Revolución Agraria, consistente en un crecimiento de la producción y productividad agraria como consecuencia del asentamiento de la propiedad privada, la introducción de innovaciones técnicas (sistema Norfolk, mecanización) y nuevos cultivos (patata, maíz) y del consiguiente paso de una agricultura de subsistencia a otra dirigida al mercado.

En España, como en el resto de la Europa Meridional y Oriental, no se produjo la revolución agraria, debido sobre todo a la ausencia de una verdadera reforma agraria. Ello explica en buena medida el fracaso del proceso de industrialización y el constante problema de la conflictividad jornalera en nuestro país.

LA ECONOMÍA AGRARIA DE LA ESPAÑA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

La mayor parte de las tierras estaban amortizadas, es decir, pertenecían y estaban vinculadas a las instituciones de la nobleza (Títulos y mayorazgos) y de la Iglesia (órdenes religiosas, catedrales e iglesias), que podían aumentar sus propiedades con nuevas adquisiciones, explotaban la mayor parte de forma indirecta a través de arrendamientos y censos, y no podían desprenderse de ellas. Como consecuencia de ello, había una ausencia casi total de inversiones por lo que la productividad era muy escasa y predominaba una agricultura de subsistencia, causada también por la deficiencia de los transportes.

Existía por tanto una deficiente estructura de la propiedad, concentrándose la mayor parte de la tierra en manos de los estamentos privilegiados. Sin embargo, el desarrollo del proceso de Reconquista permite diferenciar dos zonas en España: en el Norte predomina el minifundismo, ya que la Reconquista fue muy lenta, lo que permitió ir estableciendo en el territorio pequeños campesinos; en el Sur predomina el Latifundismo ya que la rapidez con que fue reconquistada la zona al sur del Tajo hizo que la única manera de ocupar el territorio fuera conceder grandes territorios a los nobles, Órdenes Militares e Iglesia.

DESARROLLO DEL PROCESO DESAMORTIZADOR

Objetivo: establecer la plena propiedad privada de la tierra, dando fin a su amortización.

Precedentes: en el reinado de Carlos IV, en 1798, el primer ministro Godoy desamortizó los bienes de los patronatos eclesiásticos (Capellanías, Obras Pías, hospitales y hospicios) y parte de los realengos y baldíos, vendiéndolos en pública subasta para solventar el problema de la deuda pública. En las Cortes de Cádiz (1810-1814) y durante el Trienio Liberal (1820-1823) se decretó la supresión de los señoríos y la desamortización del clero regular mediante la expropiación de sus propiedades por el Estado y su posterior venta en pública subasta. Sin embargo, el retorno al absolutismo en 1814 y 1823 supuso la anulación de estas medidas.

La desamortización se lleva a cabo durante el reinado de Isabel II a través de las desamortizaciones de Mendizábal (1836), de Espartero (1841) y de Madoz o Ley de Desamortización General (1855), todas ellas decretadas durante sendos periodos de dominio progresista en el gobierno.

Desamortización de Mendizábal (1836): se desvinculan las tierras de la nobleza y el clero. En este último caso se expropiaron los bienes del clero regular (comunidades religiosas), vendiéndose en pública subasta, por lo que fueron acaparadas por la burguesía. Su finalidad fue atenuar el problema de la deuda, no hacer una reforma agraria.

Desamortización de Espartero (1841): se decreta la desamortización de los bienes del clero secular (Catedrales e iglesias), vendiéndose en pública subasta. El retorno de los moderados al poder hizo que las ventas quedaran paralizadas.

Desamortización de Madoz o Ley de Desamortización General (1855): se expropian y subastan al mejor postor los bienes que le quedaban a la Iglesia y los de los Ayuntamientos, en este último caso tanto propios (bienes destinados a satisfacer los gastos de la institución) como comunes (bienes de libre aprovechamiento para los vecinos).

CONSECUENCIAS DE LAS DESAMORTIZACIONES EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

Consolidación de la propiedad privada de la tierra gracias a las reformas liberales (supresión de señoríos, desvinculación de la propiedad y desamortización de las tierras de la Iglesia y de los Ayuntamientos: Desamortizaciones de Mendizábal en 1836 y de Madoz en 1855).

Los objetivos de las desamortizaciones fueron paliar los problemas de la Hacienda Pública y consolidar el apoyo de la Burguesía al régimen liberal: esto se tradujo en una ausencia de verdadera reforma agraria, ya que el sistema de venta adoptado (subasta al mejor postor) hizo que las tierras fueran adquiridas por la burguesía (nueva concentración de la propiedad) y que la población campesina empeorara su situación (desaparición de arrendatarios, pérdida del derecho de uso de las tierras comunales)

En el aspecto económico, las desamortizaciones produjeron un aumento de la producción agraria, destinada ahora más al mercado que al autoconsumo. Este aumento de la producción no fue consecuencia de una mejora de las técnicas agrarias, sino del aumento de la superficie cultivada (los rendimientos por superficie decrecen).

Paso de una agricultura de subsistencia basada en el cultivo de cereales a otra moderna basada en frutales y productos de regadío (zona mediterránea). Gran expansión de la vid, el olivo y el naranjo.

El proteccionismo impuesto sobre los cereales (que siguen siendo el principal cultivo) supuso una ausencia de inversiones y un empobrecimiento de las clases obreras.

Este retraso agrario supuso uno de los mayores obstáculos a la revolución industrial española (ausencia de beneficios, sub-consumo interno) y una de las fuentes principales de conflictividad social (revueltas jornaleras).

CONSECUENCIAS DEL SUBDESARROLLO AGRARIO EN EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN

La ausencia de revolución agraria en España explica en buena parte el fracaso del proceso de industrialización y el atraso social y económico de España durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Así, las características socio-económicas de España fueron: Crecimiento demográfico bastante menor que en el resto de los países industrializados por el mantenimiento de una alta tasa de mortalidad; Predominio de la población rural frente a la urbana; Predominio del sector primario en la economía española; Escasa industrialización, muy desigualmente repartida en el territorio, por la demanda interna insuficiente, la escasez de fuentes de energía, el atraso agrario y la inexistencia de una burguesía emprendedora; Desarrollo de la minería en función de intereses extranjeros; Ferrocarril subdesarrollado por la estructura radial, el dominio de capitales e intereses extranjeros y la escasa rentabilidad; Subdesarrollo del mercado interior por los transportes deficientes y la escasez de demanda por el subdesarrollo socioeconómico; Comercio exterior deficitario (exportación de materias primas e importación de productos industriales); y Predominio de la políticas proteccionistas e intervencionistas por los intereses de las oligarquías agrarias e industriales que desincentivaron la inversión y disminuyeron la demanda por el alza de los precios.

CONSECUENCIAS

El fracaso de la revolución agraria y, por tanto, de la industrialización supusieron un retraso en la economía y una conflictividad social tan acusados que explican en buena medida la inestabilidad política que sufre en país a lo largo de los siglos XIX y XX.

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